Cinco senadores chilenos presentaron un proyecto de ley inspirados en la controversia de los conciertos de BTS en el país.
El 7 de julio, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de ley para fortalecer los derechos de los consumidores frente a la suspensión o reprogramación de conciertos y eventos masivos. La iniciativa fue creada por las senadoras Paulina Núñez (RN) y Paulina Vodanovic (PS), además de los senadores Fidel Espinoza (PS), Iván Moreira (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).
Los parlamentarios impulsaron esta propuesta a raíz del caso BTS en Chile. El proyecto busca establecer responsabilidades claras para los organizadores cuando suspendan o reprogramen un evento masivo.
La iniciativa modificaría la Ley N.° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores incorporando seis nuevos artículos a la normativa, desde el 12 C hasta el 12 H. Entre las principales medidas, el proyecto establece que el consumidor podrá elegir entre las siguientes alternativas cuando un evento sea suspendido o reprogramado: aceptar la nueva fecha o el nuevo recinto, mantener la entrada para la nueva realización del evento o solicitar la devolución total del dinero pagado.
El reembolso deberá incluir el valor de la entrada, los cargos por servicio, las comisiones y los gastos de despacho. Además, el organizador deberá efectuar la devolución en un plazo máximo de diez días hábiles tras presentar la solicitud. El proyecto también contempla compensaciones por gastos de traslado, alojamiento y alimentación, siempre que el consumidor pueda acreditarlos.
Esta obligación aplicará cuando la suspensión o modificación del evento sea responsabilidad del organizador, productor o promotor. En cambio, no procederá si la cancelación fue por fuerza mayor o una decisión de la autoridad que escapa al control de los organizadores.
La iniciativa establece que organizadores, productoras, empresas de ticketing y plataformas de venta responderán solidariamente frente a los consumidores cuando participen en la oferta o comercialización del evento. Posteriormente, las empresas involucradas podrán ejercer las acciones legales correspondientes entre ellas para determinar las responsabilidades de cada una.
El proyecto también exige que los organizadores cuenten con un título jurídico suficiente antes de iniciar la venta de entradas. Esto incluye contratos, autorizaciones o reservas vinculantes que respalden la realización del evento. Con la medida, los legisladores buscan evitar que las entradas se comercialicen cuando solo existen negociaciones preliminares o acuerdos sin carácter definitivo.
La propuesta declara abusivas aquellas cláusulas que: Impidan devolver los cargos por servicio o que exijan condiciones desproporcionadas para solicitar un reembolso. También considera que las productoras no obliguen al consumidor a aceptar créditos, vouchers o nuevas fechas como única forma de restitución.
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa no pretende dificultar la organización de conciertos ni afectar a una industria con un importante aporte cultural y económico. Por el contrario, los autores sostienen que buscan avanzar hacia un mercado más transparente, confiable y profesional, con mayores garantías para los consumidores. El proyecto de ley ya ingresó al Senado y ahora deberá iniciar su tramitación en la comisión correspondiente antes de continuar al Congreso.
