on
La representación legal de Danielle desmiente las informaciones vinculaban a Danielle con un supuesto contrato dual durante su etapa en NewJeans.
El 6 de julio (KST), la representación legal de Danielle publicó un comunicado oficial en relación con la vista judicial celebrada el 2 de julio. El escrito fue difundido a través de una publicación en X por la cuenta @NewJeansSTRM. Éste responde a las informaciones aparecidas en algunos medios tras la audiencia.
LEE TAMBIÉN: ADOR presenta nuevas pruebas de presunta manipulación de Min Hee Jin hacia NewJeans
Según el comunicado, tras la finalización del juicio del 2 de julio, algunos medios informaron de forma distorsionada. Entre las informaciones niegan que Danielle “habría firmado o intentado ocultar un contrato dual con una empresa externa“, haciendo referencia a capital chino. La defensa sostiene que esas informaciones mezclan hechos falsos con un proceso que califican de “normal“. Éste relacionado con la entrega de una propuesta oficial para la venta de participaciones de ADOR a HYBE por parte de un tercero durante la disputa de NewJeans en 2025.

En el documento, la representación legal afirma: “Danielle y las integrantes de NewJeans nunca firmaron ni intentaron firmar contratos exclusivos dobles con ninguna empresa específica“. Asimismo, sostiene que las afirmaciones realizadas por los abogados de ADOR “difieren de los hechos objetivos o distorsionan y exageran la realidad de los acontecimientos“.
La defensa también expresa sus dudas sobre la forma en que se ha difundido el caso. Señaló que sospecha que pudo existir influencia por parte de ADOR en el proceso mediante el cual la situación relacionada con todas las integrantes de NewJeans se presentó como si se tratara de una actuación individual de Danielle. Además, recalca que los argumentos expuestos por ADOR no son nuevos y manifiesta su confianza en que el tribunal emitirá un juicio basado en las pruebas y en una correcta interpretación de la ley.

Por último, el equipo legal de Danielle anunció que solicitará al tribunal las medidas necesarias para responder con firmeza a cualquier intento de influir indebidamente en el proceso judicial a través de la opinión pública, al considerar que este tipo de actuaciones podrían afectar al desarrollo del caso.














